jueves, 22 de octubre de 2015




Revolucionarios u oportunistas pelechadores
Después de las elecciones internas de mi Partido, el PRD, tengo la obligada misión de dejar sentada mi   opinión. Es lo correcto, después de eventos importantes como los comicios internos y las elecciones  nacionales. No cabe duda de que, por el total de votantes y el orden demostrado, debemos hacerle un  reconocimiento a los miembros de número del Partido, quienes fueron a las urnas para reiterar su fe y  confianza en los principios originales que forjaron las bases  para el surgimiento de nuestro colectivo; y,  a la vez, mandarles un mensaje a nuestros dirigentes, que no se engañen, que son ellos quienes en 
realidad son los motores del Partido. 
Pese a que el proceso preelectoral se convirtió en una gran exposición de "banners y carteles, de gente  con la cara retocada, que aspiraban granjearse la simpatía de los electores con lemas simplones y vacuos,  que a ellos les parecían geniales, y le daban colorido y animación a la fiesta, los  resultados, en muchos  circuitos y corregimientos, eran bastante fáciles de predecir, tomando en cuenta que el sistema está  diseñado para que ganen quienes de más recursos dispongan en ese juego, como el dinero en efectivo disponible; los  vehículos de transporte con que  cuentan; personal subalterno de sus respectivas oficinas; planillas de embotellados; enseres hogareños; y   apoyos de todo tipo, provenientes de los dueños de cantinas, garitos y casa de lenocinio. Hay quienes, según dijeron sus oponentes, recibieron apoyos provenientes de actividades ilegales. 
Y no hay manera, ni importa quien  mande o gobierne el Partido. Seguimos sin ver la disposición de nadie  para ponerle coto a esta sinvergüencería. Y surgirán los esbirros, con las acostumbradas acusaciones de  que “ponen en peligro la unidad”, contra quienes no quieran darles su apoyo a ciertos filibusteros, que  participan en estas actividades solo para asegurarse un puesto que les facilite sus verdaderas actividades  lucrativas. 
Este sistema plutocrático y exclusivista, es lo que le ha permitido a tantos oportunistas  entrar  al Partido y  apoderarse de los puestos claves, con el concurso y la colaboración de compañeros que,  por su larga  militancia  y experiencia, han debido constituir  la primera barrera defensiva  contra estos  advenedizos. Y  estos nuevos inquilinos son los creadores de la teoría oportunista de hacer una  “oposición suave”, “dejar  que el loco gobierne” y otras del mismo cuño, que le han permitido a Martinelli  reponerse,  después de  las contundentes derrotas que ha recibido en sus  encuentros con el pueblo panameño.
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Por considerarlo de interés general reproduzco el artículo firmado por Roberto González Oberto

Roy Cortizo, representante de la Asociación de propietarios de máquinas tragamonedas tipo C, en una lamentable exposición pública de supina ignorancia, hizo, en la mañana de hoy, en el programa de Álvaro Alvarado, una defensa del deleznable negocio que representa, y se refirió al oscuro inframundo de la <<chinguia>> con el respetable nombre de <<industria del juego>>. En vista de que, quizás por no saberlo, el presentador del programa no hizo la corrección del caso, para ayudar a ambos a vencer su marasmo intelectual, les reproduzco la sencilla definición que se hace en <<Wikipedia>>, del término en mención:
<<La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados>>.
Queda claro que el término industria sufre menoscabo cuando algunos desaprensivos y osados mequetrefes hacen uso de él, para referirse a la vil acción de aprovecharse de las debilidades humanas para lucrar, como se hace en esos <<garitos "legalizados">> por una <<patente de corso>>, expedida indebidamente, gracias a la interpretación amañada de un claro precepto constitucional que lo prohíbe, que hizo un ex presidente, tan patibulario y despreciable como ellos.
Para aclarar, cito textualmente el Artículo 297 de la Constitución Política de la República de Panamá, que dice así:
Artículo 297.
<<La explotación de juegos de suerte y azar y de actividades que
originen apuestas sólo podrán efectuarse por el Estado.
La ley reglamentará los juegos, así como toda actividad que origine apuestas cualquiera que sea el sistema de ellas>>.
Si el Constituyente hubiera tenido la intención de permitir la concesión administrativa de esta actividad lo hubiera consignado claramente, tal como lo hizo con los numerales 5 y 6 del Artículo 257, sobre los bienes que pertenecen al Estado, que expresan, sin dejar un vestigio de duda, que <<las riquezas del subsuelo podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas "o ser objeto de CONCESIONES o contratos" para su explotación según lo establezca la ley>>; y que con las <<salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase>> sucede lo mismo, es decir, que <<no podrán ser objeto de apropiación privada, pero sí podrán ser objeto de "CONCESIÓN" u otros contratos para su explotación>>.
Nadie debe pensar que lo hecho mediante un Decreto Ley, en 1998 se debió a una interpretación hecha de buena fe, originada por una laguna subyacente en la Constitución de 1972. No es así. Fue un acto premeditado, consciente, de funcionarios que, por eso, hoy, tienen casos pendientes en los tribunales de justicia, acusados de haberse beneficiado con esta acción privatizadora.
Se hace difícil, aunque no imposible, creer que verdaderos paladines en el campo de la ciencias jurídicas, como lo fueron José dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari, autores del Anteproyecto de la Constitución de 1946, hayan incluido el artículo 292 --que luego fue copiado en forma textual en la de 1972--, sin una razón de peso, como si lo hubieran extraído de la nada, sacado del aire.
Nada más alejado de la realidad. Los constitucionalistas citados, con criterio futurista, quisieron proteger a su nación, a su país, a su patria, que tanto amaron, de los zarpazos arteros de otros gobernantes inescrupulosos, que pudieran aprovechar la modalidad privada como fuente ilegítima para un rápido y fácil enriquecimiento personal. El precedente existía. El presidente Arnulfo Arias se había distinguido por la prodigalidad con que premiaba a algunos miembros de su entorno, con la concesión para explotar las máquinas tragamonedas.
Los historiadores Andrés C. Araúz y Patricia Pizzurno, en el artículo publicado en el Panamá América, <<Un año de transformaciones: Arnulfo Arias en la Presidencia>>, al respecto, nos dicen lo siguiente: <<Otras medidas adoptadas por el gobierno no fueron populares y despertaron oposición... entre ellas, la explotación de los juegos de azar, sobre todo las máquinas tragamonedas, negocio del que participaron MIEMBROS DEL GOBIERNO>>. Esto último fue posible, en virtud de la existencia del Artículo 154, en la Constitución de 1941 que dice así: <<Artículo 154. La Ley reglamentará los juegos así como toda actividad que origine apuestas, cualquiera que sea el sistema de éstas .
<<La explotación de juegos de suerte y azar sólo podrá efectuarse por el Estado o MEDIANTE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS controladas y supervigiladas por el Poder Ejecutivo, siempre que se imponga a los concesionarios las restricciones necesarias para que no se lesionen los intereses y conveniencias de la Economía Nacional>>.
Esa fue la verdadera razón que motivó a los constituyentes de 1946 a introducir el actual Artículo 297, que fue arrojado a la cesta de los desperdicios, por el doctor Ernesto Pérez Balladares, con el nefasto Decreto Ley 23484, de 1998. Pero como bien dice la conseja: <<En el pecado llevará la penitencia>>. Y, hoy, ese mismo personaje se ve obligado a gastar parte de esa dudosas ganancias, e invertir parte de su valioso tiempo, subiendo y bajando las escaleras de los despachos judiciales, bregando afanosamente para librarse de la acción de la justicia que, <<no solo tarda, sino que muchas veces no llega>>.
Amén.
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